El derecho de seguros frente a la inteligencia artificial y el cambio climático: desafíos y oportunidades

Por: Mariana Acuña Arias

El derecho de seguros, históricamente concebido como un instrumento para gestionar la incertidumbre, hoy se enfrenta a dos fenómenos que ponen a prueba su capacidad de adaptación: la revolución tecnológica y el cambio climático. Ambos marcan un punto de inflexión porque no solo crean nuevos riesgos asegurables, sino que también obligan a replantear conceptos jurídicos clásicos, como el carácter aleatorio del contrato de seguro, la protección del consumidor y los límites de la responsabilidad civil.

En el marco del Summer School Innovación en derecho de seguros ante los desafíos de la revolución tecnológica y del cambio climático, se lograron identificar aprendizajes esenciales: por un lado, el impacto de la inteligencia artificial (IA) y las neurociencias en la relación asegurador-asegurado; y, por otro, el reto que representan los riesgos climáticos para la industria y para el derecho.

La inteligencia artificial ha sido catalogada por la doctrina como una “revolución de las revoluciones” (Sobrino, 2021), porque a diferencia de los avances anteriores, altera no solo la economía o la producción, sino incluso la forma en que entendemos al ser humano dentro del derecho. Esto tiene efectos inmediatos en los seguros.

Hoy los algoritmos permiten diseñar pólizas a la medida, fijar primas en segundos, detectar fraudes y liquidar siniestros casi de forma automática. Sin embargo, el curso permitió evidenciar que este aparente avance también genera riesgos jurídicos y éticos: sesgos en las decisiones, discriminación en precios y opacidad en los procesos de tarificación (Sandoval, 2024). De ahí que la cuestión central no es si la IA se aplicará en los seguros, porque ya ocurre, sino cómo evitar que profundice la brecha entre aseguradoras y asegurados.

Además, las neurociencias explican algo que siempre se sospechó: los asegurados no leen ni entienden a fondo las condiciones de las pólizas. Kahneman (2018) probó que la mayoría de las decisiones se toman de manera automática y emocional, lo que derrumba la ficción de la “voluntad informada” que los manuales de derecho contractual aún repiten. Esto refuerza la idea de que el deber de información debe interpretarse no como una formalidad, sino como una obligación real de protección frente a decisiones tomadas en piloto automático.

El segundo gran aprendizaje del curso estuvo relacionado con los riesgos derivados del cambio climático. Fenómenos como inundaciones, incendios o sequías ya no son excepcionales sino recurrentes, y esto impacta directamente la sostenibilidad del mercado asegurador.

Una de las respuestas más innovadoras han sido los seguros paramétricos, que pagan la indemnización cuando un indicador objetivo, como cierto nivel de precipitación, se activa. Aunque representan una herramienta valiosa, Sobrino (2021) advierte que su generalización podría cuestionar el principio de aleatoriedad que caracteriza al contrato de seguro, porque los algoritmos cada vez predicen con más exactitud lo que antes era incierto.

Aquí surge un dilema: ¿cómo mantener la función social del seguro sin que pierda su esencia jurídica? A mi modo de ver, la clave está en un rediseño normativo que acompañe estas transformaciones, estableciendo límites claros y garantizando que los productos climáticos sigan cumpliendo con el objetivo de dar seguridad al asegurado y estabilidad al sistema.

Uno de los elementos que más llamó mi atención fue el análisis de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la primera norma integral que clasifica los sistemas de IA en función de su nivel de riesgo y exige transparencia, supervisión humana y trazabilidad. Aunque aún lejana para nuestra región, constituye una guía para lo que debería ser la regulación latinoamericana en materia de seguros y tecnología.

De igual forma, el derecho debe prepararse para afrontar los riesgos climáticos. Los seguros no pueden ser únicamente contratos privados, en contextos de catástrofes naturales deben verse como herramientas de política pública. Esto implica que los Estados, en alianza con el sector privado, promuevan coberturas accesibles y sostenibles, para evitar que los desastres dejen comunidades enteras en la indefensión.

La inteligencia artificial, en conjunto con los aportes de las neurociencias, redefine la relación entre asegurador y asegurado, obligando a superar ficciones jurídicas tradicionales. A su vez, el cambio climático amenaza la viabilidad de los seguros convencionales y exige la innovación mediante productos paramétricos y modelos predictivos.

Del análisis realizado se desprenden tres aprendizajes centrales. En primer lugar, que el derecho de seguros no puede ignorar la manera en que los individuos realmente toman decisiones, frecuentemente guiadas por impulsos emocionales más que por razonamientos plenamente racionales. En segundo término, que la inteligencia artificial requiere una regulación basada en un enfoque de riesgos, capaz de prevenir abusos y discriminaciones sin frenar su potencial innovador. Finalmente, que los riesgos climáticos imponen la necesidad de concebir el seguro no únicamente como un negocio privado, sino como un instrumento de resiliencia social destinado a proteger a las comunidades frente a fenómenos cada vez más extremos.

El gran desafío para quienes se forman en esta disciplina consiste en mantener un equilibrio adecuado entre innovación, regulación y justicia. En otras palabras, se trata de aprovechar los avances de la revolución tecnológica y enfrentar los efectos del cambio climático sin perder de vista que la finalidad última del seguro es la protección de las personas.

Bibliografía

Kahneman, D. (2018). Pensar rápido, pensar despacio. Penguin Random House.

Sandoval, L. (2024). Responsabilidad civil y riesgos emergentes. Presentación en Summer School: Innovación en derecho de seguros ante los desafíos de la revolución tecnológica y del cambio climático.

Sobrino, W. (2021). Inteligencia artificial y neurociencias aplicadas en la Ley de Seguros. La Ley, Buenos Aires.